Al igual que la mayoría de los países de la región, Panamá toma como primera medida la reestructuración del sector. Ésta se inicia en 1995 con la promulgación de la Ley 5, por la cual se reforma el Instituto Nacional de Telecomunicaciones (INTEL) que, desde 1974, tenía el cometido de planificar, dirigir, mejorar, extender y proveer los servicios de telecomunicaciones tanto nacionales como internacionales. A raíz de esta ley, INTEL se convierte en sociedad anónima. Finalmente, en 1997 culmina este proceso con la privatización al venderse el 49% de sus acciones a Cable & Wireless (C&W), compañía de origen británico con amplios intereses en El Caribe. El resto del accionariado se reparte entre el Gobierno, que detenta otro 49%, y los empleados de la antigua INTEL, que poseen el 2% restante. Este reparto otorga a C&W el régimen de exclusividad hasta el 2 de enero de 2003, fecha en que la Administración tiene previsto la total apertura del mercado de las telecomunicaciones.
En paralelo, otros servicios como los de paging, trunking, satelitales y de valor añadido son suministrados por compañías privadas en régimen de competencia. La estadounidense BellSouth y C&W ganaron una concesión por 20 años en 1997 para proveer servicios inalámbricos en las bandas A y B respectivamente. La liberalización de los servicios inalámbricos no está prevista hasta el 2007, cuando el gobierno subaste las licencias PCS para todo el territorio nacional. El sector inalámbrico en Panamá, como en casi toda la región, está experimentando un crecimiento espectacular. En el año 2000 los suscriptores de estos servicios han crecido un 70%.
Como se ha señalado, con la Ley 26 de 1996 se creó el Ente Regulador de los Servicios Públicos (Ente o ERSP). Entre sus funciones se encuentra: el control del espectro, el otorgamiento de licencias inalámbricas y la regulación de las tarifas de los servicios que no están en competencia. Para el resto de los casos, es el mercado el que dicta los precios. El sector de media está regulado de forma independiente por el Ministerio de Gobernación y Justicia.
Al acto de presentación de ofertas concurrieron GTE Corporation y Cable & Wireless plc., resultando esta última la empresa vencedora al ofrecer 652 millones de dólares por el 49% de las acciones de INTEL.
Asimismo, durante 1995 se introdujeron modificaciones en la Ley 17de 1991, con el fin de someter a licitación pública la banda A de telefonía móvil celular. En 1991, la Ley 17 había asignado la operación de la Banda B celular a INTEL.
Como parte del proceso de reestructuración del sector, la Administración aprueba dos leyes y dos Decretos:
- La Ley 26 de 1996 por la que se crea el Ente Regulador de los Servicios Públicos.
- La Ley 31 de 1996, que aprueba las normas para la regulación de las telecomunicaciones.
- El Decreto 73 de 9 de abril de 1997 reglamentario de la Ley 31.
- El Decreto número 12 de 21 de enero de 1996, que reglamenta la operación de la telefonía celular.
En virtud de estas nuevas reglas, en enero de 1996, el Gobierno adjudica la banda A de telefonía celular a BCS de Panamá (Bellsouth).
En 1997, C&W crea una subsidiaria para la telefonía móvil y por tanto su panorama empresarial queda así:
- C&W Panamá para telecomunicaciones fijas.
- C&W Móvil, para telefonía celular.
El Estado otorgó entonces a Cable & Wireless (C&W) el régimen de exclusividad para el servicio de telefonía local hasta el 2 de enero de 2003.




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